El pasado mes de diciembre la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de Enero como el Día Internacional de la Educación reconociendo así la importancia de la Educación para alcanzar su “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Dentro de este conjunto de objetivos de desarrollo sostenible y metas universales centradas en las personas, la organización quiere destacar el rol fundamental que juega la educación como derecho humano, bien público y responsabilidad colectiva.
FSIE se suma a esta iniciativa con la campaña “ La educación es un derecho y una responsabilidad de todos. Por una educción de calidad, inclusiva y equitativa” con el claro objetivo de recordar a la sociedad que es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del tejido social que conformará las comunidades del futuro.

Con la publicación de la ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 quedaba establecida una nueva deducción adicional a la existente por maternidad para todos aquellos trabajadores que hubieran incurrido a lo largo del año en gastos por la custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados. Esta deducción, de hasta 1.000 euros, podrá incluirse en la cuota diferencial del IRPF al presentar la declaración de 2018, entre los meses de  abril y junio de este año.

La sesión celebrada ayer, 8 de enero, revela que no existe el necesario consenso en esta contrarreforma educativa que defiende la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. El informe presentado por la Comisión Permanente ante el Pleno, fue aceptado por un exiguo margen de dos votos.
La mayoría de organizaciones destacaron su rechazo a las formas y al procedimiento seguido por el Ministerio en la tramitación de su Anteproyecto de Ley. El Pleno aprobó 120 enmiendas presentadas por distintas organizaciones y, contrariamente a lo manifestado por el Presidente del Consejo Escolar del Estado y por el propio Ministerio en su comunicado de prensa, las enmiendas que se nos rechazaron no pretendían continuar con el espíritu de la LOMCE, sino mejorar el texto a partir del consenso y buscando acuerdos básicos.

Seguimos trabajando para que en el debate parlamentario se puedan alcanzar amplios consensos que mejoren el Sistema Educativo.

FSIE ha mostrado su oposición al anteproyecto de reforma educativa planteada por el Ministerio de Educación en la sesión del Pleno del Consejo Escolar del Estado celebrada en el día de hoy.

El Secretario General de FSIE, Javier Muñoyerro, ha señalado en su intervención que el sindicato discrepa tanto con el contenido del actual texto, que recoge propuestas que perjudican especialmente a la enseñanza concertada y a la libertad de enseñanza, como con las formas en las que el Ministerio de Educación está llevando a cabo esta reforma que responde a un interés ideológico, electoral y partidista y no a una urgencia del sistema educativo.

FSIE ha constatado hace escasos minutos que en el texto del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, publicado esta mañana en el BOE, vienen recogidas dos de nuestras reivindicaciones fundamentales respecto a las retribuciones del personal de la Enseñanza Concertada.

Como ya habían reconocido representantes del Ministerio en la reunión de la Mesa Sectorial en noviembre, se ha conseguido que se subsane el error cometido en los Presupuestos Generales de 2018 que establecía una subida salarial para los profesionales en pago delegado inferior en un 0,125 a la de sus homólogos de la pública.

FSIE ha puesto de manifiesto la discriminación de la que son objeto los profesionales y el sector de la enseñanza concertada.

En la reunión mantenida ayer en la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada, FSIE ha trasladado al Ministerio su desacuerdo con la reforma propuesta tanto por el procedimiento seguido como por el contenido de la misma.

Como manifestamos durante el encuentro a los representantes del Ministerio de Educación y Formación Profesional entendemos que tanto la nueva normativa como el proceso acelerado impuesto responden a intereses electorales cuando la verdadera urgencia del sistema educativo es alcanzar un Pacto educativo y no el Proyecto de reforma presentado.