Hoy se publica en el DOE la RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se dispone el régimen de funcionamiento de los servicios sociales de atención residencial, atención diurna, atención domiciliaria y otros servicios de promoción de la autonomía en Extremadura durante la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, a la que podéis acceder haciendo click en la imagen de la izquierda.

En esta resolución, entre otros, se determinan medidas  y recomendaciones como por ejemplo: 

- Mantener la suspensión de los ingresos ordinarios en dispositivos residenciales para las personas mayores, con demencia, discapacidad y trastorno mental grave.

- Acordar que la actividad presencial en los centros de día de atención a personas con demencias o algún tipo de deterioro cognitivo alcance, como máximo, el 80 % de la capacidad de plazas.

- Mantener la actividad presencial de los servicios de atención temprana, habilitación funcional y estimulación cognitiva para aquellas personas que pudieran tener una evolución desfavorable si se demorase por más tiempo su atención en dicha modalidad o cuando el servicio no pudiera ser prestado en la modalidad telemática.

- Mantener la actividad presencial de los programas laborales y de inserción social de las personas con trastorno mental grave.

- Mantener la actividad presencial en los centros ocupacionales y en los centros de día de atención a las personas con discapacidad de Extremadura.

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FSIE ha dirigido un escrito al Presidente del Gobierno solicitando que los centros concertados accedan en igualdad de condiciones a las ayudas destinadas a educación.

El Gobierno ha anunciado un fondo de 16.000 millones de euros para la recuperación de las Comunidades Autónomas.

De dicho fondo, 2.000 millones van a ser destinados a medidas para la educación “pública” según se comunicó en la rueda de prensa.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha anunciado que hoy, durante la Conferencia Sectorial de Educación, se presentará un documento que se ha elaborado, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, para que sirva como base a los centros para la organización y desarrollo del curso escolar 2020/2021.

El texto pretende facilitar a las Comunidades autónomas, las administraciones educativas y los propios centros un marco normativo que deberá ser adaptado e implementado según las necesidades de cada territorio y la realidad propia de cada centro

El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha sido publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado. En él se establecen medidas a adoptar, una vez expirada la vigencia del estado de alarma y de las medidas extraordinarias de contención, para prevenir posibles rebrotes, con vistas a la superación de la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad.

En su artículo 9, relativo a los centros docentes, se encomienda a las administraciones educativas asegurar el cumplimiento por parte de los centros de las normas establecidas de desinfección, prevención y acondicionamiento. Los titulares de los centros deberán además adoptar las medidas organizativas que sean necesarias para garantizar la que se mantenga la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros evitándose aglomeraciones, y en el aquellos casos en los que no sea posible se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los contagios (uso de mascarillas, lavado de manos, etc).

Cuando se acerca la finalización del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de la nueva ley de educación (LOMLOE), prevista para el próximo 10 de junio, la Plataforma Concertados recuerda los motivos por los que debe pararse la tramitación de esta ley.

Mediante una infografía que difundirá públicamente, la Plataforma Concertados resume su posición contra la tramitación de la LOMLOE en medio de una pandemia, con un Gobierno en debilidad y en clara minoría, sin debate parlamentario ni diálogo social.